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El volumen de turismos híbridos y eléctricos que circulaban por las carreteras españolas aumentó un 21,3 % en 2024, alcanzando los 1,24 millones de unidades, según datos recopilados por UNESPA, en colaboración con Tirea y Centro Zaragoza.
Este crecimiento contrasta con el aumento del 3,2 % de los turismos de gasolina y con el descenso del 1,7 % de los vehículos diésel. Como resultado, los vehículos de motor alternativos (principalmente híbridos y eléctricos) han incrementado su presencia en España y representan actualmente el 4,79 % del parque automovilístico asegurado nacional, frente al 4,01 % del año anterior.
Por tipo de motor, a finales de 2024 había un total de 855.931 turismos híbridos, 230.641 eléctricos, 152.193 de gas natural licuado y 10.674 de otros medios de propulsión alternativos. En términos absolutos, cuatro de cada cinco turismos ecológicos son conducidos por personas de mediana edad (entre 31 y 65 años).
Tomando como referencia el sexo del conductor, el análisis revela que las mujeres son titulares del 39,7% de las pólizas de turismo ecológico, mientras que su presencia como propietarias de automóviles en el parque móvil total es del 30,7%. Estas cifras no deben confundirse con las que pueden difundir otras fuentes, como la Dirección General de Tráfico (DGT), sobre personas con permiso de conducir, ya que la condición de titular del seguro presupone que dicha persona es la conductora habitual del vehículo asegurado, pero no implica que sea la única que lo utiliza.
Un análisis territorial muestra que los vehículos con motorización eléctrica tienen una presencia especialmente destacada en la Comunidad de Madrid, donde representan el 9,1% del parque móvil regional, seguida de Cataluña (5,1%) y las Islas Baleares (4,7%). Por el contrario, las regiones donde los vehículos híbridos y eléctricos tienen un peso relativo menor son Extremadura (1,7%), Galicia (2,5%) y Castilla-La Mancha (2,5%).
Un análisis de la distribución de estos vehículos por provincias muestra que la mayor concentración se da en Madrid (9,2% del parque automotor territorial), Barcelona (5,6%) y Castellón (4,8%), mientras que su presencia relativa es menor en Jaén (1,5%), Teruel (1,5%) y Cáceres (1,6%).
Entre los municipios con más de 75.000 habitantes, destaca la presencia de la motorización alternativa en Pozuelo de Alarcón, Sant Cugat del Vallès, Madrid, Las Rozas y Rivas-Vaciamadrid. Se percibe, pues, que el motor eléctrico se está implementando antes en localidades con ingresos superiores a la media nacional y en aquellas ubicadas en la periferia de Madrid y Barcelona.


La marca con mayor proporción de vehículos con motorización alternativa circulando en España es Toyota, que monopoliza el 37,61% de este segmento del parque móvil. Le siguen, a cierta distancia, Dacia, Lexus, Kia, Hyundai y Renault, todas ellas con cuotas cercanas al 6% o 7%. Un análisis de los
principales
grupos automovilísticos continúa situando a Toyota como líder del coche ecológico en España. Sus diferentes marcas (principalmente Toyota y Lexus) representan el 44,33% del parque móvil electrificado. Le siguen en segundo y tercer lugar, con cuotas de alrededor del 13% y el 14%, respectivamente, el Grupo Renault-Nissan-Mitsubishi (Dacia, Renault, etc.) y Hyundai (Kia, Hyundai, etc.). Stellantis aparece en cuarta posición (Opel, Peugeot, Fiat, Citroën, etc.) y Volkswagen en quinta (SEAT, Volkswagen, Audi, Skoda, etc.).
Cabe destacar que entre los 12 mayores fabricantes de vehículos eléctricos en España ya hay dos marcas chinas. Se trata de SAIC Motor Company (MG) y Geely Holding Group (Volvo, Lynk & Co, Polestar...).

Hace unas semanas Generali envió una adenda al contrato mercantil de corredor de seguros -
Carta de Condiciones- para que los corredores procedieran a su firma. El Colegio de Burgos, a
través de su Presidente, José Manuel Castellanos, dio traslado al Consejo de la citada Adenda
y la disconformidad con la misma. Tras analizar el documento, la comisión de Marco Jurídico
procedió a comunicar a Generali su oposición al texto y su recomendación a los corredores
colegiados para que no se firmase.
Tras una serie de conversaciones con la aseguradora, Generali ha informado al Consejo General
que renuncia a exigir la firma del anexo a las cartas de condiciones dirigida a los corredores,
“dando nueva redacción a su estipulación Séptima, que llevará la rúbrica Tratamiento y
protección de datos de carácter personal. Seguridad Informática”.
Es importante recordar que el régimen jurídico de los agentes exclusivos es distinto, así como
las obligaciones y responsabilidades en materia de protección de datos.
Esta modificación en la carta de condiciones supone un importante logro, fruto de la
colaboración entre Colegios y Consejo. Además, tiene un valor especial ya que solo ha podido
resolverse a favor de la profesión cuando ha intervenido nuestra corporación de derecho
público, a pesar de que otras asociaciones lo habían intentado sin éxito.

Según Jhasa, bróker independiente especializado en seguros y reaseguros para empresas, las compañías afectadas podrían reclamar indemnizaciones por las pérdidas sufridas, aunque la posibilidad de hacerlo dependerá tanto de las cláusulas contractuales con el proveedor tecnológico como de las coberturas incluidas en sus pólizas.

Cristina Pérez, responsable de Riesgos Financieros en Jhasa, señala que “los contratos tecnológicos suelen estar diseñados para proteger al proveedor, por lo que es esencial que las empresas revisen sus pólizas de ciberseguridad y de interrupción del negocio para evitar vacíos de cobertura”.

La revisión contractual y aseguradora, claves para reclamar

Las empresas pueden tener derecho a una compensación si disponen de una póliza que contemple la interrupción del negocio, ya que algunas coberturas incluyen las pérdidas derivadas de la caída de un proveedor tecnológico. También es posible presentar una reclamación cuando el incidente provoca daños directos en los sistemas o datos propios, como pérdida de información o imposibilidad temporal de operar.

Asimismo, en los casos en que el contrato con el proveedor no limite expresamente su responsabilidad, las compañías podrían iniciar reclamaciones, ya sea a través de su aseguradora o directamente con el proveedor afectado.

Desde Jhasa recomiendan documentar el incidente, conservando correos electrónicos, informes técnicos y comunicaciones oficiales, así como cuantificar el impacto económico, evaluando las pérdidas de facturación o los costes adicionales. Posteriormente, es necesario revisar los contratos y las pólizas para identificar qué coberturas son aplicables.

Jacobo Lacalle, socio gerente de la firma, recuerda que “el apagón de AWS demuestra que las interrupciones tecnológicas también son siniestros y deben tratarse con la misma seriedad que un incendio o un robo”.

El seguro ciber, una herramienta de resiliencia

Para Jhasa, el seguro de ciberriesgo se ha consolidado como una herramienta integral de resiliencia empresarial. Estas pólizas no solo cubren ataques informáticos, sino también las pérdidas económicas derivadas de interrupciones tecnológicas, así como los costes legales, reputacionales o de gestión de crisis que puedan surgir.

Los fallos tecnológicos y la interrupción del negocio se encuentran entre los tres principales riesgos globales para las empresas, con un coste medio por incidente superior a 4,3 millones de euros, según el informe “Cost of a Data Breach 2024” de IBM y Ponemon Institute.

Jacobo Lacalle concluye que “la digitalización ha hecho que la continuidad operativa dependa de un entramado de servicios interconectados. En este escenario, el seguro ciber deja de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica”.